Resumen: RECURSO LEY 41/2015. SENTENCIA DICTADA EN APELACIÓN POR EL T.S.J.DELITO: Delito continuado de estafa de los arts. 248.2.c, en su redacción dada por la LO 5/2010, y 74 CP.MOTIVOS: Dilaciones indebidas cualificadas.Atenuante de drogadicción.
Resumen: Se reconoció al interesado la prestación extraordinaria por cese de actividad con efectos desde el cese de la actividad 14/3/2020. En el expediente de la Mutua figuraba que aquél no estaba al corriente en el pago de las cotizaciones al RETA del mes de febrero de 2020; por lo que la Mutua invitó a aquél al pago para que ingrese las cuotas adeudadas, remitiéndolo a un domicilio erróneo. En fecha 25/10/2020 el requerido realizó el pago de un descubierto correspondiente al mes de septiembre de 2020, pero la Mutua denegó la prestación imputando el pago al mes de febrero de 2020, por haber realizado fuera de plazo. La TGSS contestó al requerimiento del Juzgado que a fecha 14/3/2020 el interesado se encontraba al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, pese a lo cual denegó la pretensión actora. Se revoca la decisión porque lo que consta en hechos probados es que no había descubierto en febrero de 2020, que se remitió el requerimiento -infundado- a domicilio equivocado y porque la Tesorería dejó constancia de que no había descubierto, por lo que no existía razón para denegar la prestación.
Resumen: Se presentaron dos demandas de despido colectivo de carácter tácito que fueron acumuladas y se plantea en casación una cuestión de carácter procesal, al haber entendido el tribunal de instancia que la competencia para conocer de las pretensiones correspondía al Juzgado de lo Mercantil. Se demanda por despido colectivo cuando el empleador está en concurso; y pocos días antes de que el Juzgado de lo Mercantil autorice el cese definitivo de la actividad productiva; una confusa y muy anterior operación traslativa de la propiedad no ha sido consumada antes de que se presenten las demandas. En ese escenario es donde pueden tenerse en cuenta las conexiones de Cipasa con otras empresas y su eventual responsabilidad. Los arts. 169 y 170 de la LC, refuerzan la conclusión: declarado el concurso la determinación de si se ha incurrido en un DC tácito ha de llevarse a cabo ante el Juzgado de lo Mercantil y el art. 170 muestra a las claras la voluntad de reconducir hacia el concurso incluso los trámites para alteración colectiva de las relaciones de trabajo (comenzando por el DC). Solo compete a la jurisdicción social el conocimiento de estas materias “si al tiempo de la declaración de concurso el acuerdo o la decisión empresarial hubieran sido impugnados ante la jurisdicción social”. En nuestro caso el concurso preexiste al eventual DC y a los hitos procesales ulteriores. La norma no ha querido que el litigio sobre el propio DC corresponda a un órgano diverso al Juzgado de lo M
